Después de todo lo que hemos leído en los últimos días sobre la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo que pretende llevar a cabo el Ministro de Justicia, no pretendo detenerme en mi apreciación personal sobre éste hecho, pues ya está claro que es una vulneración a los derechos de las mujeres, que pretende volvernos a esa absurda posición de ‘tutelaje’ como en aquellos tiempos donde se nos concebía como seres incapaces de dirigir nuestras vidas. Pretendo exponer de una manera práctica y sencilla ciertos detalles que hacen que dicha reforma carezca completamente de sentido en una sociedad como la actual.
Durante varias décadas, aquella consigna que dice ‘Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir’ ha sido utilizada por los movimientos feministas a lo largo y ancho del planeta cuando de defender nuestros derechos sexuales y reproductivos se trata, y es precisamente en las dos primeras premisas en las que me basaré para exponer la incongruencia de la modificación con la que nos amenaza Gallardón.
Según el anteproyecto de la ley presentada el pasado viernes 20 de diciembre, se plantea una modificación del apartado 7 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, donde se ‘descarga’ en los Servicios de Salud y los Órganos competentes, los programas de educación sexual para jóvenes y colectivos con especial vulnerabilidad. Así de simple, del tema ya no se vuelve a hablar.
En una realidad como la que vivimos, donde cada día nos encontramos con datos que nos cuentan que las y los adolescentes inician su vida sexual a más temprana edad, es absurdo pensar que previamente van a ir a su centro de salud a recibir información acerca de cómo hacerlo de manera segura, ya no solo para evitar un embarazo no deseado, sino para protegerse de infecciones de transmisión sexual, entre otros riesgos. Pero al Ministro y su ilustre ‘equipo de asesores’ les parece que esa es la manera más eficaz para hacerlo… tal parece que les falta pisar un poco la calle y acercarse a aquellas personas para las cuales legislan. Señor Ministro, si las y los jóvenes no vienen a los servicios sanitarios, pues tendríamos que ir a donde estén para poder formar en estos aspectos, ¿no lo cree? Si no quiere que aborten, pues garantíceles la formación y los medios para que se eduquen afectiva y sexualmente para manejar su vida en esos aspectos de manera responsable y efectiva… pero me da que tendremos que sentarnos a esperar a que eso pase.
Ahora bien, lo siguiente que pedimos (y que si contempla la actual Ley) es que se garanticen métodos anticonceptivos eficaces y seguros para evitar esos embarazos no deseados que el ministro nos quiere impedir interrumpir por libre decisión, pero esa parte tampoco nos la ponen fácil.
A mediados de julio, el Gobierno nos anuncio una de esas medidas que llaman ‘de ahorro’ en la cual a partir del 1 de agosto, sacaban del sistema sanitario ocho de los anticonceptivos orales de primera generación, más eficaces y seguros, por los cuales las mujeres que queramos usarlos, deberemos pagarlos íntegramente. Otro paso hacia atrás…
Entonces, no se garantiza de manera clara y eficaz una educación afectiva-sexual, se eliminan del Sistema Nacional de Salud, algunos de los anticonceptivos orales más usados y seguros para la salud de las mujeres que los usan y por mucho que el ministro insista en ponerse como nuestro abanderado defensor, se penaliza la interrupción por la libre decisión de la mujer, generando con ésto que tengamos que volver a la inseguridad de la clandestinidad, con todos los riesgos que ello conlleva.
Por un momento me voy a permitir sacar el tema del contexto político e ideológico, porque quiero situarlo en el contexto de los derechos humanos de las mujeres, por que aunque a muchas personas les suene ‘raro o redundante’, los derechos sexuales y reproductivos, son Derechos Humanos (claramente reconocidos por diferentes organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud) los cuales se verían vulnerados cuando en el anteproyecto que presenta Gallardón se especifica que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo quedaría derogada con la aprobación de su reforma.
Dicen proteger y solucionar una situación que tratan de argumentar ‘estaba pendiente’, pero esta claro que sus propuestas ni solucionan, ni protegen a quienes más deberían importarles por un simple hecho: ya estamos aquí, de cuerpo andante y viviente, porque generan una clara desprotección, dejando enormes e intolerables vacíos en cuanto a la prevención y penalizando la posibilidad de decidir -hasta el momento de manera autónoma- ejerciendo nuestra ciudadanía de pleno derecho.
No quiero terminar, sin traer un hecho que demuestra lo incongruente de sus ‘reformas’. A unas mujeres no nos dejan abortar, por que se nos presupone incapaces de tomar una decisión como esa, de manera libre y consciente y se nos pretende obligar a llevar a término embarazos que no lo deseamos, pero a otras mujeres, que sí quieren ser madres y que acuden a la reproducción asistida, se les impide el acceso a esta… ¡Señor Ministro, por favor, aclárese porque esto así, se nos vuelve un sinvivir!