Un derecho irrenunciable

Frente a la propuesta de Sumar de blindar la interrupción voluntaria del embarazo, es necesario señalar algunos asuntos. Podríamos recordar, en primer lugar, que el derecho al aborto hace ya tiempo que no es un problema jurídico. El aborto no se considera un delito en nuestra sociedad y, aunque siga siendo parte del argumentario moral de algunos sectores antiderechos de las mujeres, la ciudadanía ya no lo vincula a una práctica delictiva, sino a un asunto de ámbito personal. Por esto mismo, blindarlo en la Constitución no debería ser problemático. Tampoco crearía una ruptura social, por mucho que los sectores más reaccionarios de la derecha intentasen posicionar campañas en su contra.

En 2011, el Gobierno del Partido Popular, con Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, intentó derogar la ley 2/2010 de derechos sexuales y reproductivos. Esta iniciativa provocó una respuesta social masiva, conocida como el Tren de la Libertad, que culminó con la dimisión de Gallardón. Este movimiento demostró la profunda convicción de la sociedad española en la defensa de los derechos de las mujeres y su rechazo a cualquier intento de retroceso en esta materia.

El problema ahora es de índole política, abanderado por aquellos partidos que tratan de imponer un pensamiento moral único. Es por ello más importante que nunca posicionar este derecho a nivel constitucional, de forma que sirva como una línea roja en el ámbito de los derechos que tenemos como ciudadanas. Este derecho se debe entender como un elemento clave en la autonomía de la vida de las mujeres y no debemos permitir que se siga utilizando políticamente por quienes nos ven únicamente como entes reproductores u objetos decorativos en su concepto de familia.

En sintonía con el panorama político global, es urgente garantizar constitucionalmente la protección de un derecho clave para las mujeres. Esa modificación limitaría a quienes desde escaños y púlpitos defienden posturas retrógradas pretendiendo devolver a las mujeres al espacio doméstico con la imposición de la maternidad como fórmula para sostener sus modelos económicos insostenibles, que nos están llevando no solo a un aumento de la precariedad, sino a una crisis medioambiental y de seguridad sin precedentes.

Es importante recordar que las leyes que restringen los derechos reproductivos no solo no disminuyen las tasas de aborto, sino que incrementan el número de mujeres que se ven abocadas a la clandestinidad realizando estos procedimientos en condiciones insalubres, unido al riesgo de ser procesadas penalmente por ello, como sucede en algunos países del entorno como Polonia, Hungría, Malta, o el principado de Andorra.

La propuesta de constitucionalizar nuestros derechos importa, como nos demuestra la experiencia de EE UU cuando en 2022 el Tribunal Supremo suprimió la protección federal de este derecho con un marcado acento político y moral. Fue precisamente esta situación la que llevó al Parlamento Europeo a aprobar una resolución sobre la inclusión del derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea el pasado año, al igual que hizo Francia en su Constitución.

Blindar el derecho al aborto para todas, en condiciones óptimas de seguridad y salubridad a nivel constitucional es una responsabilidad política y social de los Estados democráticos. Además de garantizarnos la elección libre de nuestro proyecto de vida donde la maternidad sea una opción propia, como lo es la elección o no de una pareja o profesión, tenemos que asegurar que nuestros derechos no retrocedan cuando le venga en gana al poder legislativo o judicial de turno.

Sabemos que en la estructuración del patriarcado, el control de la vida de las mujeres es clave, así como el beneficio que sacan a través de la industria sexual y reproductiva. La explotación sexual de nuestros cuerpos sigue siendo uno de esos elementos a los que no quieren renunciar y, por ello, su resistencia a reconocer la importancia de nuestra autonomía.

Por fortuna, socialmente hemos ido consiguiendo que el estereotipo de las mujeres únicamente en el rol de madres se vaya desdibujando de los imaginarios colectivos, también porque así la maternidad decidida es un proceso de disfrute y no de obligatoriedad.

Si hablamos de libertades, decidir nuestros proyectos de vida y poder llevarlos a cabo es parte de nuestro ejercicio como ciudadanas libres y debemos abogar porque nuestra Constitución lo consagre.

Esta Tribuna se publicó originalmente en el diario El País, el 5 de marzo de 2.025.